A los periodistas nos encantan los ránkings. Y a nuestros profesionales y lectores, también. Por eso, nos pusimos a investigar sobre la inversión de los países de renta media-alta en programas de rehabilitación de adicciones, especialmente por consumo de sustancias. La sorpresa fue que los datos son prácticamente inexistentes o muy opacos, pese a la acuciante crisis de drogodependencia que atraviesa el mundo occidental. En España, las listas de espera para acceder a un tratamiento residencial o de ingreso por adicciones a través de la sanidad pública así lo demuestra.
Pregúntale a cualquier ministerio de Sanidad europeo cuánto invierte su país en rehabilitar a las personas con una adicción y, casi con toda seguridad, obtendrás una cifra parcial, una estimación con matices o directamente un silencio. No es un secreto de Estado: es que, en la mayoría de los casos, esa cifra sencillamente no existe. Mientras el fentanilo empieza a inquietar a las autoridades sanitarias españolas —como recoge este análisis de Psicología y Mente sobre si el fentanilo puede convertirse en una epidemia en España— y el alcohol sigue siendo, con diferencia, la adicción más normalizada del continente, los gobiernos europeos continúan sin poder decir con precisión cuánto dinero público dedican a que alguien deje de consumir.
Una agencia con quince años de intentos fallidos
Si algún organismo debería tener esta cifra, es el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA, ahora EUDA). Lleva más de una década tratando de construir una comparación fiable del gasto público en drogas entre países europeos. Su propia conclusión, publicada en un informe metodológico, es contundente: no existe un panorama global del gasto público europeo en la materia, porque solo unos pocos países han producido estimaciones completas y cada uno usa una metodología distinta.
Cuando la agencia logró reunir algunas cifras nacionales, el resultado fue un rango casi inútil para comparar: el gasto público relacionado con drogas oscila entre el 0,01% y el 0,5% del PIB según el país. Es como decir que un país puede gastar cincuenta veces más que otro, sin poder afirmar cuál.
España: 9,5 millones para repartir entre 17 territorios
España no escapa a este patrón. En julio de 2023, la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas aprobó repartir 9,5 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar prevención y atención a las adicciones durante ese año. De esa cantidad, solo 1.253.320 euros se destinaron específicamente a planes de rehabilitación y reinserción de personas con problemas judiciales por adicción —el resto se repartió entre desarrollo de la estrategia nacional, programas de prevención y el Observatorio Español sobre Drogas.
Hazlo tú mismo: 1,25 millones de euros entre diecisiete comunidades autónomas (menos Navarra y País Vasco, que tienen financiación propia) da una media de apenas unos 70.000-80.000 euros por territorio para rehabilitación específicamente. Es la clase de cifra que explica por qué guías como "Cómo elegir un centro de rehabilitación" dedican tanto espacio a sopesar la opción privada: cuando la pública es tan escasa, la familia termina buscando alternativas por su cuenta.
Si España tiene un problema de fragmentación y escasez, el Reino Unido ofrece el ejemplo de lo que ocurre cuando el recorte es deliberado y sostenido en el tiempo. Los presupuestos de salud pública para servicios de drogas y alcohol se recortaron de forma tan pronunciada que hacia 2021 la financiación había caído en más de un tercio, dejando a miles de jóvenes sin acceso a tratamiento.
La cifra que sí conocemos (y que debería avergonzarnos)
Aquí está la paradoja central: no sabemos cuánto se invierte, pero sí sabemos cuánta gente se queda sin tratar. Según la Organización Mundial de la Salud, la proporción de personas en contacto con servicios de tratamiento por trastornos de uso de sustancias osciló entre menos del 1% y no más del 35% en 2019, entre los países que aportan ese dato —y la mayoría de los 145 países analizados ni siquiera tenía una partida presupuestaria específica para ello.
A esa cobertura desigual hay que sumarle un segundo dato, todavía más incómodo: ni siquiera quienes sí llegan a recibir ayuda reciben, en la mayoría de los casos, algo que funcione. Según cifras conjuntas de la ONUDD y la OMS, apenas una de cada ocho personas con dependencia a las drogas tiene acceso a servicios de tratamiento a nivel mundial. Y un estudio reciente basado en la Iniciativa de Encuestas Mundiales de Salud Mental de la OMS, publicado en 2025 en JAMA Psychiatry con datos de casi 57.000 personas en 21 países, encontró que solo el 6,9% de quienes tienen un trastorno mental o por uso de sustancias reciben un tratamiento efectivo —no ya acceso a cualquier tratamiento, sino uno que cumpla los mínimos de calidad basados en evidencia. Es decir: la brecha no es solo de acceso, sino de calidad, y esa doble brecha no aparece de la nada. Aparece en países que no financian lo suficiente, que no auditan cómo se gasta lo poco que sí destinan y que, sobre todo, no se obligan a sí mismos a medir si lo que ofrecen realmente funciona.
La evidencia oficial más sólida no habla de una "tasa de éxito" única —de hecho, ningún organismo internacional publica una cifra así, otra manifestación más del mismo vacío de datos—, pero sí es clara en un punto: los programas basados en evidencia funcionan sensiblemente mejor que los que no lo están. La OCDE documenta que una atención de calidad y a tiempo en salud mental —lo que incluye trastornos por adicción— tiene el potencial de mejorar los resultados clínicos y reducir tanto el suicidio como la mortalidad excesiva de quienes padecen estos trastornos, y calcula que el coste económico de no tratarlos adecuadamente supera el 4,2% del PIB en los países miembros, entre gastos directos de tratamiento y pérdidas de productividad.
En la misma línea, la ONUDD y la OMS desarrollaron unas Normas Internacionales para el Tratamiento de los Trastornos por Uso de Drogas basadas en la evidencia científica disponible, con el objetivo explícito de ayudar a los países a distinguir la intervención que funciona —terapias psicosociales estructuradas, tratamiento farmacológico supervisado, seguimiento a largo plazo— de la que no, precisamente porque gran parte de los recursos que sí se destinan a tratamiento en el mundo se gastan en programas sin respaldo científico. Dicho de otro modo: se puede medir con precisión cuántas personas mueren o enferman por una adicción, también se conoce la necesidad y el éxito de los tratamientos efectivos, pero no cuánto invierte el Estado en todo ello. Esa asimetría no es casual.
Un vacío que también es una elección
Ningún gobierno europeo firma un decreto que diga "no mediremos esto". Pero cada año que pasa sin una partida contable clara, sin una obligación de reportar, sin una agencia con mandato real para exigir comparabilidad, es una decisión implícita de no rendir cuentas. La OCDE publica indicadores exhaustivos de gasto sanitario, pero ninguno que aísle la rehabilitación por adicciones como categoría propia. El EUDA sigue insistiendo, con recursos limitados, en construir esa comparación que llevan prometiendo desde hace más de una década. Y mientras tanto, la pregunta que abre este texto sigue sin respuesta: ¿qué país europeo invierte más en rehabilitar a las personas con adicción? La verdad incómoda es que nadie —ni la OMS, ni la OCDE, ni el propio observatorio europeo de las drogas— puede contestarla con una cifra fiable. Y esa incapacidad, sostenida durante años, dice tanto sobre voluntad política como cualquier presupuesto.
