Las normas jurídicas son el conjunto de normas realizadas por la autoridad cedida a determinadas instituciones por parte del Estado para que regulen y organicen el funcionamiento de la sociedad. El tipo de norma jurídica más conocida es la ley, pero además de esta no es extraño oír hablar de otros tipos de normas y reglamentos como los decretos.
Para las personas ajenas al mundo jurídico, a veces puede ser complicado distinguir entre ambos conceptos. Es por ello que en este artículo os presentamos las principales diferencias entre ley y decreto.
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Analizando ambos conceptos
Antes de establecer las diferencias entre ley y decreto, vamos a observar una breve definición de cada una de ellas con el fin de comprender su concepto y como introducción básica a sus diferencias.
Entendemos por ley un tipo de norma jurídica de obligado cumplimiento que pretende regular la actuación del ser humano en la sociedad. La ley establece el conjunto de obligaciones y derechos del conjunto de los ciudadanos en general, sin excepciones, y su incumplimiento supone sanciones incluso aunque se deba al desconocimiento. Se trata del tipo de norma jurídica de mayor rango, siendo absoluta. Las leyes son propugnadas y ratificadas por el poder legislativo, precisando de ser aprobadas por el Congreso para llevarse a cabo.
En lo que respecta al decreto, se trata de otro tipo de norma jurídica que suele establecer la manera en que se aplica la ley, elaborando por lo general un reglamento. Es un subtipo de norma jurídica con lo que también es de obligatorio cumplimiento, si bien puede modificarse y de hecho debe hacerlo con el fin de seguir la legislación vigente.
La elaboración de los decretos suele deberse a la necesidad imperiosa de regular una situación determinada con urgencia. De su elaboración y puesta en marcha se encarga el gobierno. En caso de un decreto quiera transformarse en ley debe ser ratificado por el Congreso.
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Principales diferencias entre ley y decreto
Ley y decreto tienen varias similitudes, como podemos deducir de su definición. Sin embargo también es posible observar la existencia de grandes diferencias, que pasamos a analizar a continuación.
1. Órgano o poder que lo emite
Uno de los puntos en los que se diferencian ley y decreto es el tipo de órgano o poder que lo emite o dicta, cosa que a su vez va a provocar que presenten otras características diferenciales. La ley va a ser siempre elaborada y ratificada por el poder legislativo. Sin embargo en el caso del decreto éste es propuesto y aplicado por el poder ejecutivo (es decir, el gobierno).
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2. Contenido
Aunque ambos conceptos tienen como principal objetivo regir y gestionar el comportamiento y funcionamiento de la sociedad, lo cierto es que la ley y el decreto tienden a diferir ligeramente en cuanto a su contenido. Mientras que la ley establece lo que debe hacerse o no, el decreto indica cómo debe llevarse a cabo.
El decreto pretende hacer frente a una situación urgente y establecer cómo actuar y las normas y reglas a seguir en dicha situación (se pueden considerar como un reglamento).
3. Nivel de generalización
Las leyes se decretan con la intención de regir y organizar la actuación de la sociedad en general, afectando a diversas situaciones y actuaciones. Sin embargo, el decreto se elabora con el fin de hacer frente a una situación concreta que debe ser solucionada con rapidez.
4. Ordenación jerárquica
Ley y decreto, como normas jurídicas que son, deben ser respetadas y son de obligado cumplimiento. Sin embargo, no mantienen una relación de igualdad: en la jerarquía de las normas jurídicas encontraríamos en primer lugar la ley y justo después de ella los decretos (a menos que sea un decreto-ley, en cuyo caso tendría el mismo rango que la ley).
El decreto nunca va a poder contradecir la ley, teniendo que ser derogado o modificado en caso de que ésta cambie o aparezca una nueva ley que contradiga el decreto.
5. Estabilidad o temporalidad
Del mismo modo, aunque tanto las leyes como los decretos pueden ser modificados tienen diferentes niveles de estabilidad. Un decreto suele tener carácter temporal de cara a hacer frente a la situación que lo genera. Sin embargo una ley se elabora con la intención de que perdure en el tiempo, requiriendo para su modificación o retirada que otras leyes la anulen o sustituyan.
