El embarazo, el parto y el puerperio son procesos que, mal gestionados, pueden provocar secuelas físicas y psicológicas a la mujer, siendo esto el motivo por el que la atención ginecológica y obstétrica que reciba durante ellos debe ser cuidadosa, respetuosa y enfocada en su salud y al de su hijo.
Si bien los profesionales del parto tienen conocimientos y práctica para poder ejercer correctamente su profesión, a veces se cometen errores que pueden perjudicar la salud de las mujeres y estos puede incurrir en lo que se ha denominado como violencia obstétrica.
Este término tiene su historia, pero ha ido viralizándose estos últimos días a raíz de la nueva reforma de la Ley del Aborto y las ampollas que ha levantado. Abordemos en profundidad qué implica este tipo de violencia y por qué está generando tanto debate.
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¿Qué es la violencia obstétrica?
La violencia obstétrica es el conjunto de prácticas y conductas realizadas por profesionales en el ámbito de la salud que atienden a mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, tanto en el ámbito público como en el privado, que por acción u omisión suponen algún grado de violencia hacia las usuarias.
Esta violencia puede ser física, en forma de actos no apropiados o no consensuados por la paciente, y psicológica, como por ejemplo tratar de forma paternalista y humillante a la usuaria.
De acuerdo con las asociaciones defensoras del término, la violencia obstétrica constituye una discriminación de género y supone la violación de los derechos humanos desde el enfoque de los derechos de la salud, sexuales y reproductivos de la mujer. Los comportamientos considerados como pertenecientes a este tipo de violencia se engloban dentro del trato deshumanizado, la medicalización injustificada y la patologización de los procesos naturales asociados al alumbramiento que pueden sufrir las mujeres en entornos hospitalarios.
El término “violencia obstétrica” ha ido convirtiéndose en un tema de mucha actualidad. El debate social en torno a este concepto y si se deben regular o no ciertos comportamientos en la atención clínica a las embarazadas como violencia obstétrica ha levantado ampollas tanto entre médicos como en asociaciones a favor de los derechos de la mujer y en contra de su discriminación.
Quienes defienden la existencia de la violencia obstétrica la clasifican como una violencia estructural e institucional que emana de una cultura patriarcal que afecta a diferentes ámbitos de la sociedad, incluyendo las ciencias médicas.
A pesar de que no se trata de una idea nueva, ha permanecido oculta e invisibilizada durante mucho tiempo y, a día de hoy, sigue siendo bastante desconocida, incluso por los propios profesionales de la salud, siendo todavía menos conocida dentro de las propias usuarias de los servicios de ginecología y obstetricia. Algunos estudios apuntan que más de la mitad de los y las profesionales de la salud no disponen de información suficiente sobre este tipo de comportamientos.
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Un problema que no es nuevo, dirigido hacia embarazadas
A pesar de que el término se ha ido viralizando en los últimos días, este no es nada nuevo. De hecho, la primera vez que se usa el término “violencia obstétrica” apareció en el año 1827 en una publicación en inglés en “The Lancet” como crítica a las prácticas ampliamente extendidas de los paritorios de principios del siglo XIX. A medida que han ido pasando los años, cada vez más personas han ido tomando conciencia de la existencia de este tipo de violencia hasta el punto de realizarse investigaciones sobre el trato de las mujeres embarazadas en los servicios de salud.
Aunque con otros términos, este fenómeno ya fue denunciado durante la década de 1950 en los Estados Unidos y el Reino Unido y, en la de 1980, lo sería en Brasil bajo una perspectiva feminista. Ya entrando en el siglo XX, con la emergencia de nuevas asociaciones activistas como “El parto es nuestro” la idea ha empezado a ver luz y tomarse mayor concienciación sobre el problema. El activismo en contra de la violencia obstétrica está fuertemente motivado por el hecho de que experimentar un parto traumático es una experiencia que puede provocar secuelas físicas y psicológicas.
La Organización Mundial de la Salud emitió en el 2014 una declaración alertando sobre la falta de respeto que recibían muchas mujeres embarazadas en los centros de salud, siendo algo extendido a nivel mundial. Añadido a esto, insistía en la necesidad de erradicar estos comportamientos, que en la actualidad se considera una grave violación de los derechos de las mujeres, aun incluso cuando se da de forma totalmente inconsciente o la lleva a cabo una mujer ginecóloga. Todo esto motivó que, en el año 2019, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificara a la violencia obstétrica como un fenómeno generalizado.
En el año 2020, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés) condenó a España a indemnizar a una mujer que denunció haber sufrido este tipo de violencia. El comité consideró como procedimientos innecesarios la decena de tactos vaginales, la inducción con oxitocina (hormona para acelerar las contracciones del parto) y la episiotomía (incisión en el tejido entre el ano y la vagina) a los que fue sometida la usuaria sin su consentimiento explícito, propios de un caso de violencia obstétrica.
Las mujeres que aseguran haber sido víctimas de este tipo de violencia sienten como algunos profesionales médicos hacen con ellas lo que quieren, como si el cuerpo no les perteneciera. Denuncian que, desde que se quedan embarazadas, las mujeres pierden el derecho sobre su propio cuerpo y que se justifica el uso de cualquier práctica médica, por muy dolorosa y humillante que pueda ser, usándose como argumento que todo se vale por el simple hecho de salvar al “producto”, esto es, el feto. Además, critican que casi nadie les informe adecuadamente de los procedimientos y que se convierten en “úteros con patas”.
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Ejemplos de violencia obstétrica
El activismo a favor de la eliminación de este tipo de violencia considera que la violencia obstétrica se da en forma de comportamientos generalizados en la atención de mujeres embarazadas, como los siguientes:
- No atender eficazmente ni a tiempo las emergencias obstétricas.
- Obligar a la mujer a parir en una posición incómoda habiendo otras alternativas.
- Impedir el apego precoz del bebé con su madre cuando no hay causa justificada.
- Negar cargar y amamantar al bebé recién nacido sin tener urgencia médica.
- Usar técnicas de aceleración del parto sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
- Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo.
- Practicar cesáreas sin consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
- Insistir en practicar una cesárea aun pudiendo practicarse un parto natural.
- Dar a la usuaria un trato infantil, autoritario, paternalista, humillante, despectivo, con insultos verbales y vejaciones.
Algunos ejemplos usuales en la atención de las mujeres embarazadas que se pueden considerar como violencia obstétrica son:
- Tactos vaginales realizados por más de una persona.
- Episiotomía, uso de fórceps y maniobra de Kristeller como prácticas rutinarias.
- Raspaje del útero sin anestesia.
- Cesárea sin verdadera justificación médica.
- Suministro de medicación abusiva e innecesaria para el parto en concreto.
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¿Por qué se da y por qué no se conoce?
El activismo en contra de la violencia obstétrica insiste que su denuncia no debe verse como una movilización en contra de la práctica profesional de los sanitarios, sino como una acción para concienciar sobre una mala praxis muy extendida, tanto de forma accidental como voluntaria.
Este fenómeno es un problema que parece ser bastante común, habiendo voces que sostienen que entre el 30 y 50% de las mujeres del mundo han sufrido violencia obstétrica de una u otra manera, sintiéndose humilladas y vejadas en alguna ocasión cuando han visitado a su ginecólogo o durante el parto.
Hay quienes consideran que el motivo por el que se haya empezado a tomar conciencia hace tan poco es porque se trata de un tipo de violencia de carácter simbólico y normalizada incluso entre las mujeres embarazadas.
Hay mujeres que no se atreven a denunciarlo por miedo a que sean tildadas de exageradas o que se les diga que realmente quien habla son sus hormonas. Añadido a esto, pocas son las mujeres debidamente informadas sobre sus derechos reproductivos, creyendo muchas de ellas que es normal ser sometida a procedimientos médicos desagradables sin dar su consentimiento explícito.
En cuanto a la comunidad sanitaria, uno de los motivos que se ha usado para explicar por qué los profesionales del parto incurren en comportamientos propios de la violencia obstétrica tiene que ver con el síndrome de burnout o desgaste profesional. Estos mismos profesionales pueden tener unos niveles de estrés y cansancio muy altos, tanto que llegue un momento en el que se frustran con su trabajo, trabajan de forma más mecánica y deshumanizan a las pacientes, afectando a la relación médico-paciente.
Otra de las causas que explicaría por qué la comunidad sanitaria no parece ser consciente de este problema es que no recibe la debida formación e información sobre este tipo de comportamientos, además de no disponer de las herramientas necesarias para detectar ni gestionar las prácticas irrespetuosas para con las mujeres embarazadas, de parto y en el puerperio.
A pesar de no haber intención en cometer daño alguno hacia la mujer, el cansancio motiva querer usar técnicas que agilicen el alumbramiento y, aunque seguras, pueden suponer un gran malestar psicológico y físico a la mujer de parto.
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El debate en España
El debate está muy activo en España en estos momentos, debido a que el Ministerio de Igualdad anunció su intención de incluir a la violencia obstétrica como delito en la reforma de la Ley del Aborto (modificación de la Ley Orgánica 2/2010), incluyéndola además como un subtipo de violencia machista. A pesar de las buenas intenciones detrás de la medida, esta es rechazada por ginecólogos, tanto hombres como mujeres, puesto que se teme que con ella se criminalice su profesión, además de que podría romper la relación médico-paciente y la confianza de las mujeres embarazadas en la ginecología y la obstetricia.
Los ginecólogos consideran que la mala praxis en los partos son negligencias más, que deben ser debidamente investigadas y penalizadas en caso de darse, al igual que con cualquier mala acción de un sanitario de cualquiera otra rama de las ciencias médicas. En este caso en concreto, la comunidad ginecológica considera que no se deben confundir con la violencia sexista las negligencias en el parto, tal y cómo lo expresó recientemente el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) o la Unión Profesional de Médicos de Ejercicio Libre (Unipromel).
Cabe mencionar que, aunque crítica con la idea de violencia obstétrica, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) considera fundamental escuchar a las mujeres y sus parejas, facilitarles su participación en las políticas de salud y reclamar los medios suficientes a la administración sanitaria para mejorar su trato. Además, valoran también la necesidad de denunciar las carencias del sistema que, una vez suplidas, facilitará proporcionar una atención respetuosa con la maternidad, enfocada en conseguir el nacimiento del bebé lo más sano posible y hacer que sea una experiencia positiva para la madre.
